1) Advierten sobre más demandas contra Venezuela en el CIADI
Gobierno formalizó salida del ente pero ésta se concretará en seis meses
(ROBERTO DENIZ, ERNESTO TOVAR | EL UNIVERSAL)
La salida de Venezuela del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) puede traducirse en nuevas demandas contra la República en esa instancia, según manifestó Diana Droulers, Directora Ejecutiva del Centro de Arbitrajes de la Cámara de Comercio de Caracas.
"Si Venezuela dice que no quiere ser más parte del CIADI todo el que tenga una medio duda, cualquier sospecha va a iniciar una demanda", expresó Droulers en un taller sobre arbitraje.
Droulers explicó que luego de la denuncia del tratado por parte de Venezuela, hecho que el Gobierno nacional formalizó el pasado martes, las empresas transnacionales que sientan alguna lesión en sus inversiones aprovecharán introducir una demanda en el plazo de seis meses que debe cumplirse para que la nación se desligue totalmente del CIADI.
La Cancillería de la República confirmó ayer en un comunicado de prensa la denuncia del convenio CIADI. "El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela formalizó el día 24 de enero ante el Banco Mundial (BM), su denuncia irrevocable del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados".
El texto sostiene que la decisión se fundamenta en el artículo 151 de la Constitución, el cual señala que en contratos de "interés público" la resolución de controversias se realizará en el territorio nacional.
"La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 invalida, en su espíritu y en su letra, las disposiciones del mencionado Convenio", dice el comunicado.
Estos criterios coinciden con lo expresado por Rafael Ramírez, ministro de Petróleo y Minería el pasado lunes. "Se ratifica la decisión soberana de retirarnos del CIADI. Nuestra Constitución reserva al Estado la soberanía en materia petrolera. Es de interés público y no puede ser sometido (a disputas) fuera de nuestra jurisdicción".
El funcionario agregó que "en materia petrolera, la única instancia son los tribunales de la República, no hay otro, ni siquiera uno nuevo que creemos". "Ningún proyecto petrolero nuevo contempla arbitrajes internacionales", insistió.
INCONSISTENCIAS
Para Droulers el comunicado de la Cancillería exhibe las "inconsistencias" del Ejecutivo en materia de arbitrajes. Recordó que fue en el Gobierno de Hugo Chávez cuando se promulgó la ley de protección de inversiones y destacó que la propia Carta Magna, en el artículo 258, establece que "la ley promoverá el arbitraje".
El abogado Luis Alfredo Araque también considera incorrecto basarse en el carácter de "interés público" para abandonar el CIADI. Araque coincide en que el artículo 151 de la Carta Magna contiene esa disposición. Sin embargo, apunta que no existe una ley que defina lo que es de "interés público" y que ese carácter a los contratos de inversión se los otorga la Asamblea Nacional (AN), tal y como dice el artículo 150, y no a posteriori como pretende ahora el Ejecutivo nacional.
"Parece lógico pensar que cuando el contrato no ha conllevado tal aprobación, no podría ser calificado de contrato de interés público", sostuvo el autor del libro Manual del Arbitraje Comercial.
De acuerdo a las estadísticas del CIADI en contra de Venezuela hay una veintena de demandas, asociadas a las expropiaciones que ha realizado el Gobierno nacional desde 2007. A pesar de que a comienzos de año el Presidente de la República aseveró que "nosotros no reconoceremos decisiones de CIADI", los laudos de ese organismo son de obligatorio cumplimiento.
Droulers advierte que el incumplimiento de los mismos puede generar problemas a la República en el ámbito internacional, especialmente en lo relacionado con las inversiones y activos de empresas como PDVSA.
(http://www.eluniversal.com/economia/120126/advierten-sobre-mas-demandas-contra-venezuela-en-el-ciadi; jueves 26 de enero de 2012 - 12:00 AM)
ATADOS A CONVENIOS BILATERALES
El Gobierno nacional inició el camino de lo que parece una ruptura con el esquema tradicional de arbitraje internacional. Sin embargo, la salida del CIADI apenas es el primer paso de un proceso complejo.
Las compañías que han acudido a esa instancia a dirimir una diferencia relativa a inversión lo han hecho gracias a los tratados bilaterales de protección de inversiones suscritos entre Venezuela y 26 naciones. Es en esos documentos donde están las cláusulas que permiten acudir al CIADI, usar las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional (CNUDMI) o acudir a algún otro centro de arbitraje en caso de controversia.
Rafael Ramírez, ministro de Minería y Petróleo, anunció recientemente que "renegociarán" esos acuerdos.
Diana Droulers, directora ejecutiva del centro de arbitrajes de la Cámara de Comercio de Caracas, recordó que esos convenios permiten que las disposiciones sigan vivas diez años después de la denuncia del acuerdo para aquellas inversiones que se realizaron mientras el tratado estaba vigente.
En este sentido, explicó que más allá de la salida del Ciadi, lo más negativo es el mensaje que se pueda transmitir a los inversionistas con estas acciones.
"La peor consecuencia es el tema de la imagen. Los países que ya firmaron ¿van a desproteger a sus inversionistas?", se interrogó Droulers.
Asimismo, cuestionó la posibilidad de que el Gobierno nacional promueva un tribunal de arbitrajes en la Unasur, tal y como planteó el ministro de Minería y Petróleo. Agregó que otras opciones como la del tribunal de Singapur son, en la práctica, iguales al Ciadi. RD
2) Ángel Rodríguez dice que salir del CIADI no afectará inversiones petroleras
El parlamentario asegura que no es cierto que los países emergentes no inviertan fuera de la jurisdicción del organismo
Caracas - La salida de Venezuela del CIADI, no afectará las inversiones petroleras en el país, destacó el diputado al Parlamento Latinoamericano (Parlatino) Ángel Rodríguez.
Este miércoles, por medio de un comunicado, el Gobierno de Venezuela formalizó ante el BM su decisión irrevocable de salir del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, en el que se fundamenta el CIADI, por cuanto este organismo sistemáticamente ha fallado a favor de las trasnacionales y en perjuicio del Estado.
"Es mentira que los países emergentes no atraen capitales foráneos, si no aceptan la jurisdicción del Ciadi. Como ejemplo se puede citar a China y Brasil, que tienen economías poderosas y apuntalaron un modelo de crecimiento sostenido, a pesar de que nunca aceptaron a este organismo como árbitro", señaló Rodríguez mediante nota de prensa.
El parlamentario descartó la imparcialidad de este órgano de arbitraje y explicó que, por formar parte del BM, la institución está subordinada a los intereses de sus cinco accionistas principales (Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia y Reino Unido), sedes de empresas que se ven favorecidas con los fallos de este centro.
"Además, muchas de estas transnacionales son clientes directos del ente multilateral", subrayó, según AVN.
Rodríguez recordó que la adhesión de Venezuela al CIADI en 1993 formó parte del conjunto de recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI), que incluyó la entrega del control de las riquezas naturales, la explotación irracional de los grandes consorcios extranjeros, así como la apertura indiscriminada de la economía y la privatización de los servicios públicos, "en condiciones desventajosas para el pueblo".
(http://www.eluniversal.com/economia/120126/angel-rodriguez-dice-que-salir-del-ciadi-no-afectara-inversiones-petro; jueves 26 de enero de 2012 - 12:59 PM)
3) Gobierno venezolano aceptó al CIADI como tribunal en 2001
(ERNESTO J. TOVAR | EL UNIVERSAL)
Tras varios años de amenazas recurrentes, el Gobierno nacional formalizó la renuncia del Estado venezolano al convenio del CIADI.
El Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró esta semana en un comunicado que "la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 invalida, en su espíritu y en su letra, las disposiciones del mencionado Convenio".
Sin embargo, el Tratado bilateral de Promoción y Protección suscrito entre Venezuela y Francia durante la administración de Hugo Chávez, en julio de 2001 -y que entró en vigencia en marzo de 2004-, contempla al CIADI como el tribunal de arbitraje ante el cual acudir en caso de controversias relativas a inversiones.
Este acuerdo fue hecho y firmado en Caracas por la entonces ministra de Producción y Comercio, Luisa Romero Bermúdez, y el ministro encargado de Comercio Exterior de Francia, Francois Huwart. Después fue aprobado por la Asamblea Nacional de Venezuela el 15 de julio de 2003, bajo la directiva de Francisco Ameliach como cabeza del Parlamento.
Posteriormente, el 3 de noviembre de 2003, el Presidente de la República Hugo Chávez, y los entonces Vicepresidente Ejecutivo, José Vicente Rangel y Ministro de Relaciones Exteriores, Roy Chaderton, refrendaron el acuerdo de Venezuela con Francia sobre protección de inversiones.
Allí se establece que en caso de ocurrir alguna controversias que "no pudiese ser resuelta en un plazo de seis meses, se someterá, a pedido del nacional o de la sociedad en cuestión, a la jurisdicción competente del estado en el cual se ha efectuado la inversión o bien al arbitraje del CIADI, creado en Washington en marzo de 1965".
La opción de escoger una u otra jurisdicción "queda a elección del nacional o de la sociedad interesada" y "una vez ejercida la opción de arbitraje, esta será definitiva", indica el acuerdo suscrito por la República de Venezuela.
El acuerdo bilateral Francia-Venezuela se publicó en la Gaceta Oficial en marzo de 2004, y tiene una vigencia de 15 años.
ARBITRAJES SON VÁLIDOS
El largo proceso arbitral de ExxonMobil y ConocoPhilips contra Venezuela ya ha implicado decisiones jurídicas en Venezuela.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sentenció en octubre de 2008 (Decisión N° 1541) que los arbitrajes, la mediación, la conciliación y cualquier otra forma de resolución de controversias que no implique la intervención de un juez son parte del sistema de administración de justicia. Y agregó el máximo tribunal que el artículo 258 de la Constitución "impone el desarrollo, promoción y sana operatividad de los medios alternativos para la resolución de conflictos en el foro venezolano", por lo que "toda norma legal o interpretación jurídica que lo contraríe debe considerarse reñida al texto fundamental y, por tanto, inconstitucional".
La ponente de esta sentencia fue la magistrada Luisa Estella Morales, presidenta de la referida Sala Constitucional.
BANCO MUNDIAL NOTIFICADO
El Banco Mundial anunció ayer que el 24 de enero fue notificado por escrito de la denuncia del convenio del Ciadi por parte de Venezuela.
El organismo indicó que "de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 71 del Convenio del CIADI, la denuncia producirá efecto seis meses después del recibo de la notificación de Venezuela, es decir, el 25 de julio de 2012".
Agrega que en su "carácter de depositario del Convenio del CIADI, y conforme a lo dispuesto en el Artículo 75 de ese convenio, el BM ha notificado a todos los Estados signatarios la denuncia de la República Bolivariana de Venezuela al Convenio del Ciadi".
(http://tiempolibre.eluniversal.com/economia/120127/gobierno-de-chavez-acepto-al-ciadi-como-tribunal-en-2001, Viernes 27 de enero de 2012 - 12:00 AM).
4) La denuncia del Convenio Ciadi
(MARCOS CARRILLO | EL UNIVERSAL)
La denuncia del convenio CIADI anunciada por Venezuela tiene al menos una lectura política y una jurídica. Desde la perspectiva política el hecho envía un muy grave mensaje a la comunidad internacional, pues puede interpretarse como la intención del Estado de incumplir sus obligaciones internacionales, particularmente las que se derivan de tratados bilaterales de inversión (TBI) y de laudos arbitrales emanados de tribunales arbitrales del CIADI.
Desde el punto de vista jurídico la situación puede ser menos dramática de lo que se podría pensar a primera vista. Como se sabe, una vez formalizada la denuncia, el Convenio seguirá vigente por un lapso de seis meses. Durante este tiempo los nacionales de otro Estado protegidos por algún TBI que contenga una oferta abierta de arbitraje, podrán notificar al Estado venezolano su voluntad de acogerse a dicha oferta abierta y, eventualmente, introducir una solicitud de arbitraje por ante el propio CIADI.
En caso de que no lo hagan, no todo está perdido. La mayoría de los TBI establecen varias alternativas para la solución de controversias. En la mayoría de los casos, además del CIADI, se contempla la posibilidad de utilizar el mecanismo complementario del CIADI o un arbitraje Ad Hoc con reglas UNCITRAL (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional).
El mecanismo complementario del CIADI permite administrar cierta categoría de procedimientos entre Estados y nacionales de otros Estados que están fuera del ámbito de aplicación del Convenio del CIADI entre las que se encuentran "procedimientos de conciliación o arbitraje para el arreglo de diferencias relativas a inversiones que surjan entre partes, una de las cuales no sea un Estado Contratante o un nacional de un Estado Contratante". Bajo ciertas condiciones, los inversionistas extranjeros de un Estado contratante podrían acceder a esta fórmula para reclamar sus derechos violados por el Estado venezolano.
Asimismo, la mayoría de los TBI sigue vigente durante largo tiempo luego de ser denunciados, por lo que si Venezuela pretendiera denunciarlos pasaría mucho tiempo antes de poderse desprender definitivamente de sus obligaciones internacionales derivadas de ellos.
En lo que respecta a los casos pendientes que cursan en la actualidad en CIADI, la medida tomada por el gobierno no los afecta en nada. Seguirán su curso normal hasta su culminación. Si algún laudo condena a Venezuela, el Estado deberá pagar lo dispuesto en la decisión y en caso de que se negara a hacerlo el laudo podría ejecutarse forzosamente, lo que quiere decir que se podrían embargar bienes pertenecientes al Estado venezolano en el exterior.
En conclusión, la pretensión del gobierno de evadir sus responsabilidades frente a inversores extranjeros no es tan efectiva como quienes decidieron la medida aspirarían y, en consecuencia, se deberá responder, por ejemplo, por las expropiaciones no compensadas adecuadamente y demás incumplimientos de obligaciones internacionales en que el Estado venezolano haya incurrido como consecuencia de sus irresponsables políticas.
(http://www.eluniversal.com/opinion/120127/la-denuncia-del-convenio-ciadi; viernes 27 de enero de 2012 - 04:04 PM)
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