Academia Nacional de Ciencias Económicas
La inflación es un complejo proceso económico, social y político. Sus causas originarias son múltiples e interrelacionadas y los mecanismos de transmisión de sus efectos operan directa e indirectamente sobre diversas variables que impactan la calidad de vida de los miembros de la sociedad, tanto a corto como a largo plazo. La relación negativa entre la inflación y el desempeño económico y social de una nación ha sido suficientemente documentada y analizada en la literatura económica y política. Hoy en día hay tal conciencia y temor a los efectos negativos de la inflación que, en la casi totalidad de los países, uno de los objetivos centrales y permanentes de la política económica es alcanzar y preservar la estabilidad de los precios, aún a costa del crecimiento económico y el empleo a corto plazo. La teoría y la investigación económica han generado un conjunto de recomendaciones e instrumentos de acción que han probado ser eficaces para lidiar con este grave problema. Entre varias de las medidas que se han mostrado como fundamentales para reducir el problema inflacionario a su mínima expresión se pueden citar las siguientes:
- Máxima responsabilidad y compromiso antiinflacionario en el manejo de la política fiscal. Las políticas fiscales financiadas con emisión monetaria, la manipulación de los tipos de cambio, el financiamiento mediante tasas de interés distorsionadas y/o el control del uso del crédito, constituyen una de las más importantes, y en muchos casos es la principal causa originaria de los elevados procesos inflacionarios. Es por ello, que en muchos países se ha puesto énfasis en las reformas institucionales y legales que han prohibido taxativamente el financiamiento de los déficits fiscales desde los bancos centrales, y se han fijado restricciones, incluso constitucionales, que limitan el crecimiento del gasto y, sobre todo, el endeudamiento público.
- Creación de mecanismos que garanticen la mayor estabilidad posible en el comportamiento de la demanda agregada, especialmente en los países con economías muy abiertas que son vulnerables a los choques generados en los mercados externos. Por ello, se han creado, especialmente en las economías exportadoras de recursos naturales, fondos de estabilización y de ahorro cuyo manejo está sometido a reglas transparentes y poco discrecionales, que buscan evitar el gasto público excesivo durante los boom, y preservar los derechos de las generaciones futuras, protegiéndolas de los efectos negativos de la inflación en el largo plazo.
- Autonomía operativa de los bancos centrales como entes rectores de la política monetaria. Un factor común en todos los países que han logrado avances en el control de la inflación ha sido el contar con bancos centrales cuyo objetivo fundamental se centra en la lucha contra este importante flagelo. En este sentido, los bancos centrales pasan a ser los agentes con que cuenta una sociedad para velar por un preciado bien público: la calidad de la moneda. En particular, los bancos centrales deben tener el poder para limitar las presiones que desde el frente fiscal se hacen sobre los mercados monetarios y reales, y que terminan acelerando el aumento de los precios.
- Máxima flexibilidad posible en el funcionamiento de los mercados que componen el sistema económico nacional. La capacidad de ajuste de un país, y por tanto su bajo potencial para experimentar presiones inflacionarias desde el lado de la oferta, está asociada positivamente a la flexibilidad que en éste prevalezca para reasignar los factores de la producción entre los diferentes sectores que generan los bienes y los servicios. La existencia de excesivos controles y regulaciones termina no sólo afectando la capacidad de la economía para reajustarse con eficiencia, sino que impacta negativamente sobre la asignación de los recursos, creando cuellos de botella, corrupción y extendiendo la conducta rentista de los agentes económicos, quienes terminan sustituyendo la inversión productiva por la búsqueda de los beneficios generados por el acceso a los permisos, los insumos y recursos regulados, el crédito fácil y barato, y las divisas a un tipo de cambio subsidiado.
- Ligado con el punto anterior, no puede haber avance en la lucha contra la inflación si no existen estímulos a la inversión en capital humano y físico, tanto a corto como a largo plazo. Naturalmente, la capacidad de producción y de oferta de una economía depende crucialmente de la cantidad y calidad del stock de factores productivos, cuya variación depende a su vez de las decisiones de inversión de los agentes económicos internos y externos. Sin un entorno adecuado, donde el grado de certidumbre juega un papel fundamental, no puede esperarse que la inversión y las innovaciones incidan positivamente sobre el crecimiento de la oferta y la reducción de los costos de producción; dos componentes cruciales que inciden sobre la evolución de los precios. Especialmente relevante es el tema relacionado con la preservación de los derechos de propiedad, elemento determinante del comportamiento de la propensión a invertir e innovar tanto en el capital físico como en el capital humano.
En síntesis, la mayor responsabilidad en el manejo de las políticas fiscales, la separación y autonomía en la administración de las políticas monetarias, los avances en el diseño de instituciones que permitan estabilizar el gasto público, el desmantelamiento de los controles e intervenciones que le restan flexibilidad a los mercados, y el desarrollo de políticas que minimicen los desestímulos a la inversión, han probado ser medidas eficaces en la atenuación de los procesos inflacionarios a nivel mundial. La puesta en práctica de esas medidas, de manera simultánea en muchos países, es lo que explica cómo en las últimas dos décadas hemos presenciado un notable descenso en las tasas de inflación promedio, siendo hoy una extrema excepción los casos donde la tasa anual de crecimiento de los precios excede el 10%.
Venezuela, lamentablemente, se cuenta dentro de las escasas excepciones de economías con severos y persistentes problemas inflacionarios. Claramente, más que los choques de carácter externo, el proceso inflacionario venezolano está íntimamente relacionado a factores inherentes al régimen de política económica prevaleciente y a las restricciones que afectan a la oferta interna.
En general, puede decirse que en Venezuela se está siguiendo un camino que va en dirección contraria a lo que ha sido el desempeño prevaleciente a nivel internacional. La política fiscal y cuasifiscal no sólo es procíclica, sino que cada vez depende más del financiamiento con emisión monetaria, que se produce por varias vías: la entrega de recursos monetarios sin contrapartida alguna por parte del Banco Central de Venezuela; la utilización de controles y múltiples tasas de cambio; el endeudamiento interno a tasas de interés reguladas muy por debajo de la tasa de inflación; la creación de liquidez con la finalidad de fomentar un mercado para la colocación de bonos emitidos por el sector público; la dolarización de parte del gasto fiscal etc. Todas estas son prácticas que a fin de cuentas consisten en modalidades de financiamiento vía un impuesto inflacionario.
El gasto fiscal y cuasifiscal, lejos de estar restringido o regulado por reglas explícitas y transparentes, se ha vuelto absolutamente discrecional y opaco, con un claro sesgo a ser muy expansivo, y a la vez poco eficiente para impactar positivamente a la demanda agregada interna real. Tampoco se ha podido avanzar en las reformas institucionales que apunten a mejorar la sostenibilidad fiscal a mediano y a largo plazo. La sustitución de fondos de estabilización por fondos de gasto, la ausencia de un sistema de seguridad social financieramente viable, y el rápido endeudamiento interno y externo en los últimos años, claramente señalan serios problemas estructurales en las finanzas públicas que, junto a la mayor dependencia de los ingresos fiscales petroleros, harán muy difícil desprenderse de los mecanismos que utilizan el impuesto inflacionario como medio de financiamiento público.
En cuanto a la autonomía de la autoridad monetaria, la reversión institucional no puede ser más alarmante. El Banco Central de Venezuela ha perdido su autonomía en los hechos, e incluso se ha intentado que la pierda también en las formas. Se han institucionalizado mecanismos de abierto financiamiento monetario, mediante la transferencia sin contraprestación alguna de parte de las reservas internacionales a la Tesorería Nacional, y permitiendo, incluso, operaciones crediticias entre la autoridad monetaria y entes públicos ejecutores de gastos. Además, es cada vez más frecuente la intervención del banco central para crear las condiciones monetarias que permitan la colocación de emisiones de deuda en el mercado interno, no sólo del Gobierno Central sino de otros entes del sector público, aún en circunstancias que atentan claramente contra cualquier objetivo antiinflacionario. Sin temor a equivocarnos, es evidente que hoy el Banco Central de Venezuela opera en la consecución de objetivos muy distintos al de proteger el valor interno y externo de la moneda de la cual es emisor.
La economía de los controles, y otras formas de intervención en el funcionamiento de los mercados, se ha exacerbado hasta extremos difícilmente justificables en términos de la política económica de estabilización, y claramente en oposición de cualquier objetivo de política económica que intente promover el crecimiento económico sostenido. El control de cambios, la regulación y el congelamiento de precios de una gran cantidad de bienes y servicios y de los salarios, la imposibilidad de ajustar las nominas y, finalmente pero no menos importante, la ausencia de protección de los derechos de propiedad, son factores que han exacerbado las imperfecciones de los mercados, los han hecho aún más incompletos y, sobre todo, han estimulado la conducta de búsqueda de rentas por parte de los agentes económicos.
Los impactos negativos sobre la capacidad de producción interna son inocultables, tanto en términos cuantitativos como cualitativos. La reducción en la propensión a invertir y la sustitución imperfecta e incompleta del sector privado por el público en las empresas y sectores estatizados, explican en buena medida la pérdida de eficiencia de la política fiscal para estimular el crecimiento económico interno, y la elevada potencialidad de las expansiones fiscales y cuasifiscales para inducir inflación. A esto debe añadirse el deterioro de las expectativas de crecimiento, que también alimentan el enraizamiento de las expectativas inflacionarias en los agentes económicos, que terminan expresándose en los mecanismos de formación de precios y salarios.
En síntesis, la inflación venezolana es esencialmente un fenómeno de carácter interno. La agenda política del régimen y la manera específica cómo se utilizan los diferentes instrumentos de política económica, sin duda, son factores de primer orden para explicar el pobre desempeño que en materia inflacionaria hoy exhibe Venezuela en el contexto internacional. ¿Pueden revertirse estos elementos que explican, en gran medida, el carácter estructural y endógeno del proceso inflacionario venezolano? La respuesta no es evidente, pero ciertamente supone un importante viraje, no sólo en la política económica sino bastante más allá, en la agenda política general y en la evolución de la sociedad hacia nuevos consensos, donde el tema del control de la inflación adquiera un lugar preferente dentro del orden de prioridades del país. Sólo así podremos aspirar a mejorar en forma sostenida la calidad de vida de los venezolanos.
Recomiendo altamente la lectura de este trabajo, cuya versión íntegra puede encontrarse aquí.
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