El profesor universitario considera que leyes como la de Costos y Precios Justos atentan contra las libertades económicas y constituyen una exacerbación de una tradición legal que ha tratado a los empresarios como responsables de males endémicos de la economía que tienen otro origen
Tiene 31 años de edad y, por lo tanto, forma parte de una generación de venezolanos que prácticamente comenzaba en la vida universitaria en un pasado no muy lejano, cuando Hugo Chávez estaba en pleno ascenso a la Presidencia de la República. Hoy el joven académico graduado en la UCV y con formación de cuarto nivel en España ha acumulado suficientes horas de estudio e investigación para mostrarse como un especialista en Derecho Constitucional y Administrativo capaz de plantarse con verbo certero en el debate sobre las libertades económicas.
El avance jurídico del proyecto socialista del jefe del Estado ha convertido el tema en un asunto capital que esta semana devoró la agenda pública luego de la entrada en vigencia de la Ley de Costos y Precios Justos y de la congelación de los precios de 18 productos de higiene personal y aseo del hogar.
- ¿Qué representa ese instrumento jurídico para las libertades económicas en Venezuela?
- Constituye la exacerbación de una tradición de políticas comerciales que se ha traducido en la redacción de leyes que persiguen y obstaculizan la labor del empresario por considerarlo el agente causante de males endémicos de la economía como la inflación, las olas de desabastecimiento y la falta de la calidad de los productos, cuando eso responde a otras realidades que los gobernantes conocen. La inflación es consecuencia de la creación inorgánica de dinero que hace que haya un circulante que no está respaldado con bienes y servicios. Además la falta de estímulos a la competencia hace que no haya mejores precios, ni mejores productos. En el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez se creó la Superintendencia para la Protección y Promoción de la Libre Competencia y eso hoy está desmantelado. Competir por precios es prácticamente ilegal.
- Si bien es cierto que ha existido esa tradición punitiva contra los empresarios, también es verdad que algunos de estos abusan. ¿Cómo se deben equilibrar los derechos de unos y otros?
- Existe un mercado pequeño, con bienes cada vez más apreciados, entre otras cosas, por la mala regulación del Estado. No hay incentivos para competir, ni para producir más y mejor. Entonces el empresario busca obtener tasas de ganancias elevadas y rápidas, porque existe una gran falta de seguridad jurídica y de confianza. Es aquí donde la ley debería funcionar como un estímulo para comportarte de cierta manera. El sistema regulatorio asfixiante constituye, en cambio, un incentivo para que el empresario busque válvulas de escape. Al final se le da mayor auge al sector informal, en el que la gente gana un dineral. No hay leche, pero la encuentras mucho más cara en las manos de los buhoneros. Los controles de precio no detienen la inflación, sino que la fomentan y crean mercados paralelos. He dicho que la ley se enmarca dentro de una tradición. Sin embargo, hay una variación o ruptura: ahora el Estado no sólo tiene interés en ser regulador e interventor como antes. También pretende sustituir al empresario. Las mal llamadas expropiaciones, que no son sino vulgares estatizaciones sin garantía jurídica, son una muestra clara de hacia dónde va el sistema.
- Según el argumento oficial, la Constitución es la fuente de esas medidas porque en un Estado de Derecho y de Justicia la prioridad es la protección de los ciudadanos. ¿Está de acuerdo con ese razonamiento?
- Ciertamente, la Constitución define un Estado democrático y social de derecho y de justicia. Sin embargo, eso debe concatenarse con el modelo socioeconómico establecido en la Carta Magna. En el artículo 299 se define un sistema de economía social de mercado al estilo del adoptado por la República Federal Alemana de la posguerra. La idea del Estado que sustituye a los empresarios es contradictoria con un modelo que, en todo caso, admite regulaciones o intervenciones por interés social. Por ejemplo, el texto constitucional señala que la expropiación es una garantía de la propiedad y no un mecanismo para desplazar a los empresarios.
Tuvimos expropiaciones para hacer obras como el Metro de Caracas, autopistas, universidades, acueductos, entre otras.
En el pasado no se usó como un vehículo para sustituir al sector privado. Tenemos una Constitución materialmente efectiva, que no es la que normativamente está en juego.
De manera espuria, el Gobierno impone la fallida reforma constitucional de 2007 que tenía grandes cambios del sistema socioeconómico. Por vía legal y de hecho se establece un sistema de planificación centralizada y socialista.
- ¿Qué tan avanzada está la implantación del proyecto socialista desde un punto de vista jurídico?
- Si se analiza por sectores se ve la película completa. La banca, por ejemplo, tiene 60% de sus colocaciones crediticias predeterminadas por el Gobierno y se expone a sanciones si no las cumple. En el sector alimentos el Estado ha asumido un papel protagónico especialmente a través de la importación porque es falso que produce en las fincas que ha arrebatado. Tenemos una economía de puertos en virtud de la cual terminamos comiendo caraotas de Nicaragua. La llamada soberanía alimentaria se ha convertido en esa economía de puertos en que los ciclos de abastecimiento y desabastecimiento se han hecho más agudos. El más perjudicado ha sido el consumidor.
- Pareciera que el mayor avance socialista se ha dado en el plano jurídico. Más allá de las leyes, ¿el proyecto ha progresado de la misma manera?
- El avance está claro. Se creó una Comisión Central de Planificación. Hay leyes como la del Indepabis, la de Soberanía Alimentaria, la de Tierras y ahora la de Costos y Precios Justos. Durante el gobierno de Jaime Lusinchi, en 1983, fue creada la Comisión Nacional de Costos, Precios y Salarios, Conacopresa, a través de un mecanismo tripartito Estado, patronos y trabajadores que no generó tanta convulsión social. Se venía del Viernes Negro y había una situación difícil. Era una fórmula más participativa, en comparación con esta ley. Aunque igualmente se partía de una concepción económica errada, según la cual los precios vienen de los costos. Fue lo que intentó demostrar Carlos Marx en El Capital y eso es un fracaso.
- Si no se basan en los costos, ¿cómo se establecen los precios entonces?
- El valor de las cosas es subjetivo y relativo. Parece un catecismo para una escuelita, pero los precios son determinados por la oferta y la demanda. Lo demás son elucubraciones. La ley de 1983 también señalaba que se podían fijar los precios justos si se analizaban los costos de producción de bienes y servicios. Eso duró poco. Pero ahora se instaló en el Gobierno la convicción de que pueden establecer el precio de las cosas. Eso es lo que el economista austríaco Friedich Hayek, ganador del premio Nobel en 1974, calificó de "fatal arrogancia del socialismo". Es una fatal arrogancia determinar a priori el valor de las cosas, cuando son las personas las que libremente lo hacen. En la propaganda del Gobierno hacen comparaciones de cuánto cuesta aquí un tubo de pasta de dientes y cuánto cuesta en Colombia. La gente puede pensar que la están robando, pero no se le informa sobre cuántos tubos de pastas de dientes se producen allá, cuántas empresas se disputan el mercado y cuál es el marco jurídico que funciona en ese país .
- Hay a quienes el gobierno del presidente Chávez les ha despertado nostalgia por el pasado. ¿Habla de la Conacopresa desde ese punto de vista?
- Para nada. No tengo compasión con ese tipo de marco regulatorio. El cuento ha sido el mismo desde los primeros decretos de 1939 de Eleazar López Contreras hasta la Ley de Protección al Consumidor de 1974, durante el primer mandato de Carlos Andrés Pérez: perseguir al empresario y culparlo del alza de los precios.
Obviamente no hay nostalgia en esto. El pasado fue malo y por eso nunca ha habido un mercado floreciente, boyante, lleno de bienes y servicios. El derecho se ha usado como un mecanismo punitivo y la mala regulación ha sido una de las razones por las cuales ese mercado no ha existido.
- ¿Está de acuerdo con la economía social de mercado establecida en la Constitución?
- Sin duda prefiero la economía social de mercado a una socialista con planificación centralizada. Pero considero que lo más cónsono es una economía abierta de mercado.
- ¿Cómo debería diseñarse el marco jurídico en correspondencia con el modelo constitucional?
- El Estado debería privilegiar un cariz de interventor más que de gestor directo.
¿Cómo deberían ser esas regulaciones? Deberían servir de estímulo para que existiera un mercado con más bienes y servicios, que promocione el emprendimiento y que, por resultado, permita al ciudadano estar mejor servido.
- ¿Y usted considera que ése sería el mejor mecanismo de protección de la gente?
- Claro. El mercado tiene cosas buenas cuando es competitivo. La competencia en precios, por ejemplo, es buenísima para el consumidor y no tan buena para los empresarios.
Fuente: El Nacional Digital, Sección Siete Días (http://www.el-nacional.com/noticia/11683/23/Es-una-fatal-arrogancia-determinar-a-priori-el-valor-de-las-cosas.html).
27-Nov 12:00 pm.
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